La agricultura familiar en España: pautas de cambio y visibilidad institucional

La agricultura familiar en España: pautas de cambio y visibilidad institucional
a Universidad Politécnica de Valencia (Spagna), Departamento de Economía y Ciencias Sociales
b Universidad de Córdoba (Spagna), Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria
Versione italiana

Introducción

Durante los años 90s y principios del presente siglo decayó el interés académico por la agricultura familiar en España, pero recientemente - coincidiendo con la declaración por parte de la Onu de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar (Aiaf) - ha vuelto a situarse bajo el foco de las discusiones científicas.
Uno de los debates que han resurgido es el relacionado con la definición de agricultura familiar (AF en adelante). Es difícil alcanzar un consenso sobre este concepto, dado que la realidad de estas unidades productivas es sumamente diversa y compleja1. Los estudios suelen destacar la titularidad y la gestión familiar de la explotación, la aportación de trabajo y capital por parte de la familia y la voluntad de sucesión generacional como elementos clave de esa definición.
Sin embargo, hace tiempo que las explotaciones de base familiar en países desarrollados incorporan bastantes rasgos empresariales. Es por ello que muchos investigadores han renunciado a marcar contornos rígidos que definan la AF, y asumen que es precisamente el estudio de la interfaz entre las relaciones “familiares” y “empresariales” de producción lo que ofrece un mayor potencial para la investigación. De sus estudios surgen planteamientos novedosos, algunos enfocados al caso español.
En los dos primeros apartados de este artículo revisaremos los rasgos familiares  que presenta la agricultura española en la actualidad y sus transformaciones en las últimas décadas, y en el tercero abordaremos los instrumentos normativos que han dado visibilidad institucional a la AF en España.

¿Cómo de “familiar” es la agricultura española?

A diferencia de otros países como Estados Unidos, ni en España ni a nivel europeo existe una definición de AF basada en criterios o umbrales objetivos. Por lo tanto, para constatar cuáles son los rasgos familiares de la agricultura española atenderemos a algunas de las variables que caracterizan a este tipo de agricultura, concretamente a tres: la titularidad, la gestión y el trabajo en la explotación a cargo de la familia.
Prestemos atención en primer lugar a la titularidad de las explotaciones. Una primera aproximación frecuente es asimilar las explotaciones que tienen como titulares a personas físicas a explotaciones familiares, y considerar a las constituidas como sociedades como más próximas a un modelo empresarial. Según este criterio, un abrumador 94% de las explotaciones en España tienen como titular una persona física2. Es evidente que dentro de esta amplísima categoría hay muchas unidades productivas que presentan un débil carácter familiar atendiendo a otras cuestiones. Y lo que es más paradójico, entre las escasas explotaciones que se constituyen bajo una fórmula jurídica - por motivos, a menudo, fiscales - puede haber bastantes que mantienen una importante base familiar.
Por lo que respecta a la gestión, los datos censales indican que cuando el titular es una persona física, suele ser también el jefe de la explotación. En casi el 80% de las unidades productivas agrarias españolas la titularidad y la gestión coinciden en la misma persona; esta implicación en las decisiones cotidianas del “negocio agrario” por parte de quien asume los riesgos empresariales se acerca algo más a lo que entendemos por AF.
No obstante, se puede decir que la variable más crítica a la hora de abordar el análisis de la AF es la composición del trabajo en la explotación. No hay un criterio comúnmente aceptado acerca de la proporción mínima de trabajo que debe ser familiar. Algunos investigadores sostienen que lo más distintivo de la AF es que el trabajo es realizado exclusiva o predominantemente por los miembros del hogar (Gómez Benito y González, 2002); otros posicionamientos - liderados por la academia británica (Gasson et al., 1988) - son bastante más flexibles y aceptan una participación importante de trabajo asalariado, mientras la gestión de la explotación corra a cargo de la familia.
Veamos en primer lugar cuántas explotaciones cumplen en España este criterio de manera estricta. Tres cuartas partes de las 990.000 unidades productivas de este país ocupan únicamente a la familia agraria. Sin embargo, están lejos de encajar en el clásico  modelo de agricultura profesionalizada que emplea a varios miembros del hogar. Muy al contrario, estas explotaciones familiares “puras” están constituidas sobre todo por titulares a tiempo parcial o jubilados, para cuyos ingresos la agricultura juega un papel secundario. Así, el 56% de ellas genera menos de 6.000 € de Producción Estándar (PE3), y un 20% queda por debajo de 1.500 €. En este último caso las explotaciones podrían cumplir una función de ocio y mantenimiento del patrimonio familiar, más que tener un carácter productivo. Restringir hasta este punto el concepto de AF excluiría precisamente a muchas explotaciones que proporcionan a las familias su principal fuente de ingresos.
Conforme las unidades productivas alcanzan mayores umbrales de tamaño, recurrir a asalariados se hace inevitable. La tabla 1 proporciona información interesante a este respecto. Hasta los 25.000 € de PE, las explotaciones tienen escasos requerimientos de trabajo total (no llegan a una Uta4), lo que explica que la aportación de la mano de obra asalariada sea insignificante. Ésta crece conforme ascendemos a estratos superiores, y llega a superar al trabajo familiar en las explotaciones con más de 100.000 € de PE. A partir de ese umbral la dedicación familiar comienza a decaer - en los siguientes estratos ya no supera el máximo exacto de 1 Uta que ocupa como media el segmento entre 50.000 y 100.000 € - y las necesidades de mano de obra son cubiertas por el trabajo asalariado, que además pasa a ser mayoritario. Los 100.000 € de PE son, pues, un umbral interesante a tener en cuenta a la hora de trazar los contornos (flexibles en todo caso) de la AF. En cualquier caso, la inmensa mayoría de las explotaciones quedan por debajo de esta dimensión económica: son 924.285 unidades productivas, el 93% del total5.

Tabla 1 - Trabajo familiar y asalariado en las explotaciones agrarias españolas según su dimensión económica

Fuente: Elaboración propia a partir del  Censo Agrario 2009

La tabla 1 muestra también que la ayuda de otros familiares distintos al titular no llega a representar más de 1/3 Uta en ningún estrato. En definitiva, conforme la explotación requiere más dedicación al aumentar de tamaño, aumenta el empleo asalariado. Esto explica que éste represente un notable 37% de las Utas totales de la agricultura española, una tendencia a la “asalarización” que no ha hecho más que aumentar6.

Las explotaciones familiares en el marco de los cambios estructurales de la agricultura española

Las explotaciones familiares españolas se han ido adaptando a los grandes cambios que ha registrado la agricultura a lo largo del último medio siglo. Un breve recorrido por esta evolución debe partir de las radicales transformaciones económicas que tuvieron lugar en los años 1950 y 60s en este país, marcadas por un crecimiento industrial y económico sin precedentes acompañado de un éxodo rural masivo, que detonaron lo que la literatura ha denominado la “crisis de la agricultura tradicional”. En un trabajo pionero, Naredo (1974) analizó la huella que dejaron estos cambios sobre las estructuras agrarias españolas, que registraron un fuerte descenso en el número de explotaciones y un aumento del tamaño medio de las que continuaban operativas, lo que la literatura denomina ajuste estructural. Las pautas de cambio agrario registradas en ese periodo - la modernización y la progresiva incorporación de progreso técnico - continuaron caracterizando en lo básico la evolución del sector en las décadas posteriores, si bien estos avances tuvieron lugar a un ritmo algo inferior (Tabla 2). Esta desaceleración fue especialmente acusada en lo relativo al ajuste estructural, que prácticamente se paralizó entre los años 1970 y 80s7.

Tabla 2 - La capitalización de la agricultura española (1964-2005)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Magrama

El ingreso en la Comunidad Económica Europea (Cee) en 1986 constituyó otro hito en esta evolución, dado que aumentó la presión competitiva e intensificó la vocación exportadora de algunos sistemas agrarios españoles (con las frutas y hortalizas como caso paradigmático). Esta mayor conexión con el mercado exterior, junto con el apoyo de la Pac, impulsaron las inversiones en el sector. A lo largo de los años 90s el proceso de ajuste estructural experimentó una fuerte reactivación (Tabla 3), un vuelco en los datos que alentó el análisis de los factores (políticos, tecnológicos y demográficos) subyacentes al ajuste (ver los trabajos contenidos en la obra de Arnalte, 2006). Con el cambio de siglo ha continuado esta tendencia a la reducción del número de explotaciones y a su redimensionamiento, si bien con algunos rasgos distintivos respecto a la década anterior8.

Tabla 3 - Grandes cifras del ajuste estructural en España (1989-2009)


(*) Se han excluido de 1999 las explotaciones que no están incluidas en el universo de referencia del Censo de 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de Ine (2011) y Censos Agrarios de 1989 y 1999

La evolución estructural de la agricultura española lleva consigo un importante proceso de concentración productiva. En efecto, mientras el número total de explotaciones no deja de disminuir, las más grandes (definidas en términos económicos) aumentan en número. Los trabajos de Arnalte et al. (2013) y Moreno-Pérez (2013) exploran esta cuestión e identifican como crítico el umbral de las 40 Ude9. Según estos autores, las explotaciones por encima de esa dimensión constituyen el “núcleo duro” de la agricultura española, dado que lideran las principales trasformaciones y controlan un porcentaje creciente de las variables básicas del sector (Sau, volumen de negocio y Uta).
La mayoría de la explotaciones que están engrosando este segmento están especializadas en orientaciones agrarias intensivas (horticultura, frutas y hortalizas, ganadería especializada) o cultivos permanentes que se han intensificado en los últimos tiempos por medio del aumento de la densidad de plantación, la mecanización y la expansión del regadío, como el olivar y el viñedo (Cots-Folch et al., 2009; Gallardo y Ceña, 2006).
Trazadas las líneas maestras de las pautas de cambio agrario en España, debemos recordar que han tenido como principales protagonistas a las explotaciones de base familiar, que han sufrido, como en otros países desarrollados, profundas alteraciones en sus rasgos característicos. Estas mutaciones han estado relacionadas no sólo con los procesos arriba mencionados, sino también con transformaciones sociológicas en el seno de las familias agrarias que eran, a su vez, reflejo de cambios sociales surgidos del contexto urbano. Podemos destacar entre ellas la incorporación de la mujer al mercado laboral y la reducción de la ayuda de los hijos en la explotación, que siguen sus propias trayectorias profesionales.
Tal y como la literatura francesa había constatado antes (Blanc, 1987), Arnalte (1997) y Gómez Benito y González (2002) anunciaron cómo estos cambios sociales habían traído consigo la ruptura del “grupo de trabajo familiar” en las explotaciones agrarias españolas, lo cual implicaba una mutación fundamental en sus patrones organizativos clásicos. El resultado de la ruptura del binomio familia-explotación varía en función del sistema agrario del que se trate: en el caso de las agriculturas extensivas, la mecanización hizo posible la creciente difusión de un modelo de explotación familiar individual, en la que trabaja un único miembro del hogar. Moreno-Pérez y Ortiz-Miranda (2008) constataban cómo en zonas de agricultura extensiva de secano los titulares podían gestionar, incluso a tiempo parcial, explotaciones de un considerable tamaño. En sistemas agrarios intensivos en trabajo, el crecimiento de la explotación pasa por un mayor empleo asalariado, como hemos visto antes.
Detrás de todas estas líneas de transformación subyace una idea importante. En la medida en que las explotaciones familiares se han enfrentado con mayor o menor éxito a las presiones del mercado y otros condicionantes de su entorno, han experimentado el clásico proceso de diferenciación, ampliamente investigado en los estudios sobre AF desde hace décadas. En efecto, solo algunas unidades productivas se han adentrado con éxito en las estrategias de crecimiento, mientras que otras muchas han ido quedando marginadas de estos procesos e incluso, como muestran los datos anteriores, han desaparecido.
Como consecuencia de estas diferentes trayectorias individuales, el panorama que ofrece la AF española es el de una compleja y cambiante diversidad. Muchas explotaciones, incluso las que se han capitalizado fuertemente - pertenecientes a lo que hemos denominado “núcleo duro” – siguen manteniendo una base familiar, si bien han sido capaces de ser muy permeables a relaciones “capitalistas” de producción. En esta línea, algunos investigadores españoles empezaron a advertir hace tiempo (Arnalte, 1997) sobre la escasa utilidad de mantener un esquema dual de análisis que contraponía las “explotaciones familiares” a las “grandes explotaciones capitalistas”. Se trata de un debate de enorme calado teórico que, antes o después, se planteó en toda Europa occidental.

Continuidades y rupturas en el debate académico reciente sobre AF en España

Recientemente se han llevado a cabo estudios de caso, focalizados en sistemas agrarios concretos de España, que han aportado una información empírica de utilidad para poner al día el debate sobre AF. Estos análisis apuntan elementos de continuidad y de ruptura respecto a lo que ya conocíamos.
El trabajo antes citado de Moreno-Pérez y Ortiz-Miranda (2008) constató cómo en la comarca cerealista de Tierra de Campos (situada en la Meseta Norte) la inversión en maquinaria y el arrendamiento de tierras constituyeron las principales vías de crecimiento de las explotaciones en los 90s. Es un patrón de cambio que encaja en el modelo clásico de ajuste estructural vía superficie, y que se paralizó en el decenio posterior. Moreno et al. (2013) apuntan dos hipótesis explicativas de este cambio de tendencia:

  • la madurez que podría haber alcanzado el ajuste tras el retiro masivo de titulares mayores que ya se había registrado en los 90s, y;
  • el repunte de los precios de los cereales coincidiendo con el inicio de la crisis económica hacia el final del periodo (2007-2008), que frenarían el abandono de la agricultura.

Arnalte et al. 2011 mostraron cómo las estrategias de crecimiento de algunos agricultores profesionales se combinan frecuentemente con la prestación de servicios a otras explotaciones empleando maquinaria propia. Este estudio encontró esta estrategia de diversificación del “negocio agrario” en sistemas agrarios diferentes, como cereales, viñedo o leñosos de secano de diversas zonas de interior.
En el polo opuesto, las explotaciones más pequeñas, cuyos titulares suelen dedicar un escaso tiempo a la agricultura, necesitan externalizar alguna parte del proceso productivo (a veces, la totalidad del mismo) a empresas de servicios o a otros agricultores. Sin ser una estrategia nueva, investigaciones recientes han arrojado luz sobre las redes de interdependencia que existen entre las explotaciones de distinto tipo en zonas de estudio concretas, unas relaciones que permiten aclarar la lógica productiva y social de estos sistemas agrarios (Moragues-Faus, 2014).
Asimismo, en las agriculturas más intensivas se han encontrado novedades sumamente interesantes. El trabajo de Moreno et al. (2011), basado en información empírica obtenida en el Campo de Cartagena (una zona de horticultura de invernadero de la costa mediterránea), constataron cómo el modelo de explotación en la que solo trabaja el titular más los asalariados (sin ninguna ayuda familiar) ha llegado a difundirse incluso en un sistema agrario con fuertes requerimientos en trabajo.
En este tipo de agricultura, el crecimiento de las explotaciones está limitado por la dificultad que implica dirigir los múltiples aspectos de su gestión (mano de obra, controles fitosanitarios, riego, manejo de los invernaderos, etc.). Es por esto que han proliferado formas organizativas complejas que vinculan en la misma explotación a varios familiares que no viven en el mismo domicilio (típicamente hermanos ya emancipados del hogar parental). Este cambio en la “gobernanza” familiar permite a estas explotaciones embarcarse en las estrategias más agresivas de crecimiento, sobre la base de una mayor capacidad de acceso a financiación y asunción de riesgos, pero sobre todo de una mayor capacidad de gestión. Más recientemente, Moreno-Pérez y Lobley (2015) analizan información empírica sobre la morfología de estas “explotaciones multifamiliares” y discuten las implicaciones teóricas de esta nueva categoría en el marco de la literatura sobre AF. Estos autores no piensan que estas  explotaciones constituyan una etapa de transición entre un modelo “familiar” y otro “empresarial”. Por el contrario, las consideran estructuras híbridas estables, con ventajas competitivas propias.

Las explotaciones familiares en el marco jurídico y las políticas públicas

En España, las explotaciones familiares no fueron objeto de atención política preferente hasta 1981, año en que se promulga la Ley del Estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes (Ley 49/81). Esta Ley definió la explotación familiar y estableció medidas específicas para este tipo de explotación, siendo particularmente interesante todo lo referente a la sucesión.
En los años previos a adhesión a la Cee y con el fin de preparar la transición a la normativa comunitaria, se desarrolló la anterior Ley por medio de los Reales Decretos 1932/83 de instalación de agricultores jóvenes y 419/85 de ayudas a la explotación familiar. Tras la adhesión se inicia un periodo en el que se incrementa la atención a la AF. Así, el Reglamento 797/85, de mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias, suponía una atención preferente a este tipo de agricultura. Parecía claro que, dado el “retraso estructural” que acumulaba España, había que poner en marcha un proceso acelerado de modernización de explotaciones familiares que permitiera un salto cualitativo en las estructuras agrarias durante el periodo transitorio. A este objetivo respondió la aplicación de la política de estructuras comunitaria, que se realizó a través del Real Decreto 808/87.  Más tarde, la Ley de Modernización de las explotaciones (Ley 19/1995) restringió el abanico de explotaciones familiares a apoyar, dinámica que ha continuado en normas posteriores (agricultores prioritarios, agricultores activos). Es decir, el nuevo sujeto de apoyo no son las explotaciones familiares en su conjunto sino sólo aquellas que puedan conseguir la viabilidad (“explotaciones prioritarias”).
Posteriormente, las sucesivas reformas de la política de desarrollo rural de la Pac (Reglamentos 1257/99, 1783/2003 y 74/2009) mantuvieron las medidas destinadas a la reestructuración y relevo generacional de las explotaciones agrarias, lo cual en el caso de los países mediterráneos como España implica completar el ajuste. Finalmente, la última reforma de la Pac aprobada para el periodo 2014-2020 presenta un conjunto de instrumentos que potencialmente están destinados a afrontar algunos de los principales problemas que presenta la AF en España, resumidos en la tabla 4.

Tabla 4 - Los problemas y desafíos de la AF en España y la Pac (2014-2020)


Fuente: Elaboración propia

A pesar del potencial de estos instrumentos, es la aplicación específica de la Pac en cada país la que determinará su eficacia en relación con la AF. En el caso de España, y en relación a los pagos directos, hay que señalar que:

  • Las frutas y verduras no serán elegibles, lo que reduce las posibilidades de apoyo a un elevado número de explotaciones familiares con esta orientación productiva;
  • el pago distributivo, que podría redundar en beneficio de la pequeña agricultura, no se aplicará;
  • el apoyo a los jóvenes agricultores aparece en el primer y segundo pilar y;
  • el régimen simplificado será automático para los pequeños agricultores. Estos dos últimos aspectos, se consideran a priori positivos como instrumentos de apoyo potencial a la AF.

Además de las consideraciones relativas a la aplicación de la Pac, debe destacarse el tratamiento que ha dado la legislación española a las cuestiones de género en el seno de las explotaciones familiares. Los cambios normativos surgen del hecho de que las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones familiares pero en la mayor parte de los casos aparecen en la categoría de “ayuda familiar”, mientras los hombres figuran como titulares de las mismas. El reconocimiento de situaciones simétricas por género ha sido paulatino en las últimas décadas.
La figura de la cotitularidad tiene su origen en la Ley 49/1981, del Estatuto de la Explotación Familiar y de los Agricultores Jóvenes, mediante la cual se crearon “acuerdos de colaboración familiar” como instrumento de transición previos al acceso pleno de los hijos a la titularidad de las explotaciones. Posteriormente la cotitularidad se reguló, exclusivamente a efectos de la concesión de ayudas para la instalación de los jóvenes agricultores, mediante la Ley 19/1995 arriba mencionada. El Real Decreto 613/2001, para la mejora y modernización de las estructuras de producción en las explotaciones agrarias, no preveía esta fórmula para la primera instalación de mujeres en la agricultura, pero muchas jóvenes menores de 40 años se beneficiaron de estas ayudas.
El primer avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres agricultoras fue la Ley 36/2003 de medidas de reforma económica, por la que se eliminaron las restricciones del Decreto 2123/1971, que impedía que marido y mujer en una misma explotación pudieran cotizar el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia. Posteriormente, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural recogió un mandato dirigido al Gobierno para promover el régimen de titularidad compartida en el sector agrario y la correspondiente protección de la Seguridad Social. El Real Decreto 297/2009, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias [pdf], supuso un primer paso decisivo para el desarrollo del régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario, sin embargo reconocía la cotitularidad femenina a título meramente administrativo.
Partiendo de estos antecedentes, la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias supone un hito en esta cuestión. Esta nueva figura jurídica de titularidad compartida, de carácter voluntario, persigue la verdadera equiparación de mujeres y hombres en la agricultura. Su objetivo es ir más allá de una regulación de efectos administrativos y promover una acción positiva que dé visibilidad a las mujeres, de modo que éstas puedan disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas.
Otra Ley con especial incidencia en la AF es la 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Trata de reducir las asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales que tienen un efecto negativo sobre la competitividad del sector agroalimentario. En lo que se refiere a la AF, la ley permitirá mejorar la capacidad de inserción en el mercado de estas explotaciones, repercutiendo en una mejora de su competitividad, eficiencia y capacidad de innovación.
Finalmente, el Comité de España del Aiaf10, en su Memorandum (2014), propone el desarrollo de una política transversal de apoyo a la AF, lo que implica la consideración de todos los elementos familiares y territoriales que configuran el carácter familiar de la agricultura. Estos deben ser contemplados en todas las normas legales referidas al sector, tanto en las elaboradas en España y en las Comunidades Autónomas como en la aplicación de las normas europeas. Una política que podrá también vincularse al conjunto de las políticas de apoyo a la economía familiar, y que se debería concretar en una “Ley de la agricultura familiar”. Esta Ley debería establecer un estatuto de la AF, y contemplar la preferencia de las explotaciones familiares en las medidas de apoyo a la agricultura y en la remuneración de los bienes públicos que genera (especialmente los medioambientales).

Conclusiones

La literatura reciente sobre AF en España presenta continuidades y rupturas respecto a los planteamientos de los años 90s. La ayuda familiar en las explotaciones ha continuado decayendo, y los procesos de “asalarización”, ajuste estructural y concentración en la agricultura han continuado su curso. El modelo de explotación en el que solo trabaja el titular se ha difundido incluso en sistemas agrarios intensivos, algo que no era frecuente hace dos décadas. También han aparecido fórmulas organizativas poco convencionales, como las explotaciones “multifamiliares” gestionadas por hermanos que viven en hogares distintos. Se trata de una nueva categoría de análisis que viene a sumarse a otras que se sitúan también en la zona gris entre lo familiar y lo empresarial, como la “agriculture familiale sócietaire” de Hervieu y Purseigle (2011), o los “family farm entrepreneurs” de Pritchard et al. (2007).
Por otra parte, los cambios normativos en las últimas décadas han restringido el abanico de explotaciones familiares a apoyar, y han mejorado la visibilidad institucional del papel de las mujeres en ellas.

Referencias

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  • 1. En su trabajo para la Fao, Garner y De la O Campos (2012) identificaron 36 definiciones distintas de AF en documentos oficiales y de Ong de diferentes países.
  • 2. Salvo cuando se indica otra fuente, los datos referidos a España de este apartado se han obtenido del Censo Agrario de 2009.
  • 3. La PE mide el tamaño económico de las explotaciones. A diferencia del Margen Bruto utilizado en anteriores Censos, a este valor no se le resta ningún coste de producción.
  • 4. Unidad de Trabajo-Año, o trabajo equivalente al que desempeña una persona a tiempo completo durante un año en la explotación.
  • 5. Dentro este grupo, algo más de 200.000 explotaciones emplean alguna cantidad, grande o pequeña, de trabajo asalariado.
  • 6. El trabajo asalariado pasó del 21% al 33% entre 1987 y 2007, según las Encuestas sobre Estructuras Agrarias. Esta evolución también se debe a que las grandes explotaciones han aumentado en número, y a que entre ellas van ganando peso las orientaciones productivas más intensivas (ver más adelante).
  • 7. Por ejemplo, entre los Censos Agrarios de 1982 y 1989 solo se redujo un 3,8% el número de explotaciones en España. Esta “rigidez estructural” llegó a alarmar a los analistas, que en los años 1990s discutieron cómo promover el ajuste agrario en este país (Sumpsi, 1994).
  • 8. En un primer análisis del periodo intercensal 1999-2009, Moreno-Pérez et al. (2013) vinculan la moderación de las tasas de crecimiento en superficie de las explotaciones con la sensible reducción de la Superficie Agrícola Útil (Sau) total en España, y apuntan algunas hipótesis explicativas de dicha reducción.
  • 9. Unidades de Dimensión Económica. 1 Ude equivale a 1200 € de Margen Bruto Estándar.
  • 10. Este Comité está compuesto por Organizaciones Profesionales Agrarias, asociaciones cívicas (ecologistas, de mujeres, etc.), Redes de Desarrollo rural, centros de investigación, etc.
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